El encuentro se realizó a las 10: 00
de la mañana en el salón de actos de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra de Santiago (PUCMM), la cual fue encabezada por el rector de esa alta
casa de estudios, Presbítero Dr. Alfredo de La Cruz Baldera, la Lic. Luisa
Liranzo, magistrada procuradora fiscal provincial; general de brigada, José
Acosta Castellanos, P.N., director regional Cibao Central; Dr Juan
Ramírez, presidente de la fundación Vanessa; Reinaldo Peguero, director del
plan estratégico de Santiago.
Además, asistieron, los generales de
brigada Rafael A. Cabrera Sarita, inspector general P.N., Ney A. Bautista
Almonte, director de Investigaciones Criminales (DICRIM) y representantes
de los sectores empresariales de la provincia de Santiago.
Dicha actividad fue enmarcada en el
acuerdo de colaboración firmado entre la PUCMM y la Policía Nacional, para la
capacitación y profesionalización de los miembros del cuerpo del orden, y la
misión que tiene la Universidad de ser un espacio abierto para libre discusión
de las ideas, para la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el
pueblo dominicano y su entorno global.
La iniciativa fue presentada por el
Dr. Juan Ramírez, la cual propone, entre otras medidas realizar una
campaña educativa para motivar a la ciudadanía a denunciar de forma
responsables y de esa forma las autoridades realicen acciones permanentes para
disminuir la delincuencia en común.
También, establecer controles
estrictos a los establecimientos de ventas de alcohol, acciones para mitigar la
contaminación sónica y visual, el cierre de negocios de compra y venta de
objetos robados y puntos de distribución de drogas y la recuperación de los
espacios públicos.
Asimismo, la propuesta contempla
realizar un trabajo coordinado con los actores de la justicia, desarrollar un
sistema de protección efectiva las víctimas y testigos de hechos delictivos,
aplicar un sistema de control de tránsito que sea modelo para el país.
De igual forma, promover la
modificación del Código Procesal Penal y el Código de Menor en los
artículos que favorecen la impunidad, motivar la promulgación de una ley de
movilidad terrestre que tenga como prioridad los aspectos de seguridad y apoyar
iniciativas del estado como la Instalación del sistema 911.
El plan surge del consenso de
instituciones como el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
(CDES), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la
Asociación para el Desarrollo (APEDI), Fundación Vanessa, la Asociación
de Industriales de la región Norte y la Corporación de Zonas
Francas.
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